UNA ENTIDAD PARADOJAL

Dedicado a Edgar Contreras y a mis camaradas de SINTRAMINTRABAJO

Hablo de una entidad que conozco desde hace treinta años. Desde muy adentro, pues he tenido que vivir en sus entrañas y moverme en sus nudos, sus infiernos, sus circuitos, sus contrastes. Hablo de una entidad que he lidiado, he sufrido, he enfrentado, y, en ciertas ocasiones, he querido. Solo en ciertas ocasiones, porque esa entidad de la que hablo no se caracteriza por sembrar sentido de pertenencia entre sus funcionarios, sino todo lo contrario: odio y rechazo. Después de treinta años de servicio, si algún cariño le tengo, ha sido más producto de la labor social que presto en ella y por el casi mismo tiempo que he dedicado al activismo sindical como su aguerrida contraparte. Una entidad de la que en todo ese largo tiempo de servicio he recibido acosos, persecuciones y discriminaciones de diversa índole. Una entidad que me ha enfermado. Muchos de mis asuntos patológicos provienen de ella.

Entidad pública sumamente paradojal. Al saberse que la Vigilancia y el control del cumplimiento de las normas del Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones sociales en materia laboral son administrativamente lo suyo —pudiendo incluso sancionar en caso de vulneración o incumplimiento—, uno pensaría que al interior de dicha entidad todo debe marchar sobre ruedas y que sus servidores públicos, sus propios trabajadores (para decirlo en términos obrero-patronales), cuentan con toda la logística y plenas garantías para desempeñar sus funciones. Uno pensaría que esa entidad que tiene como política pública el trabajo digno y decente, aplica dicho postulado, de manera íntegra, en su propia casa. Uno pensaría que, al interior de una entidad como esa, llamada a proteger los derechos individuales y colectivos de los trabajadores colombianos, no debería haber acosos laborales. En una entidad que debe velar por los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, su propio sistema debería ser modélico y prolífero en ejecuciones. Uno pensaría que esa misma entidad, obligada a velar también por el cumplimiento de convenciones y acuerdos colectivos de trabajo, debería cumplir todos y cada uno de los acuerdos que suscribe con sus sindicatos, en los tiempos y términos convenidos. Cualquiera pensaría asimismo que el aparataje tecnológico y los sistemas de información de esa entidad deben ser idóneos y confiables. Los mejores. Los óptimos. Se pensaría igualmente que en esa entidad no puede haber estrés laboral ni casos críticos de ansiedad asociados a ella, ni problemas por todo, ni presiones indebidas desde los niveles jerárquicos hacia abajo, ni caos, ni divisiones gestadas desde los niveles directivos, ni las mismas solicitudes repetidas una y otra vez desde distintas dependencias. Una entidad a la que sus empleados le reportan informes religiosamente, mes tras mes, debería tener su información estadística ya organizada y disponible para consulta permanente sin necesidad de reiterar mil veces peticiones encaminadas a lo mismo con término perentorio. Esa entidad debería ser también ejemplo en el cumplimiento de jurisprudencias sobre formalización laboral y supresión de contratos de prestación de servicios. Y, sobre todo, lo social, y no lo técnico, debería ser lo más importante de su misión y su visión. Un cumplimiento social y humanitario de sus funciones. Una entidad con semejante compromiso debería estar alejada de todo lo que signifique tecnocracia y formalismo, no debería tener sistemas de información cancerígenos y antijurídicos, ni sus metas tendrían que ser planteadas en términos de productividad capitalista (como si vendiera neveras o televisores). ¿Y los salarios? Los sueldos de sus empleados deberían ser, como mínimo, ejemplares. Para que exista coherencia entre su servicio y su realidad.

Pero no. Atérrense. Nada de eso ocurre así. Todos los días sus funcionarios sufren las caídas de los sistemas y sus correos electrónicos institucionales están inundados de “informaciones importantes” que no son otra cosa que noticias, una tras otra, que oscilan entre interrupciones y disponibilidades del servicio informático. Y todos los días tienen sus servidores públicos que llenarse de estrés y de mal genio al tener que digitar la contraseña para desbloquear sus equipos, ya que estos se bloquean luego de escasos cinco minutos de inactividad. Sus empleados se la pasan toda su jornada laboral pulsando letras y números para poder seguir usando sus computadores institucionales. Al final del día son muchos los hijueputas que quedan sonando en el ambiente.

Así pues, la entidad que atiende las reclamaciones y esperanzas de los trabajadores colombianos afecta, con su vil comportamiento, a sus propios empleados. No hay paz. No hay tranquilidad. El clima laboral es pésimo. No hay plenas garantías para prestar un óptimo servicio. No hay ejemplo de cumplimiento. La salud mental se queda en mero discurso. Abunda el acoso laboral. La persecución sindical no para y es asfixiante. El poder disciplinario constantemente amenaza. Y como diría un dirigente sindical de larga data en ella: ¡el Ministerio del Trabajo más parece un hospital! Siempre que lo dice, yo lo apoyo. Porque me consta.

Lo más insólito que ocurre hoy en ella es el doble discurso de quienes la administran a nombre del Gobierno del Cambio. Hacia afuera son unos, hacia dentro son lo opuesto. Claro está que los de antes, exceptuando a dos o tres ministros, fueron peores. Pero con aquellos se sabía a qué atenernos. El problema con los actuales es que pretenden ser distintos y sacan pecho por ello. Sin embargo, en la negociación colectiva de 2023 parecían de derecha, de progresismo ni siquiera la pose. Decepción total. Tocó decírselos muchas veces en esa estéril y legalista Mesa de dizque Negociación. Mientras continúen en esa dualidad, desenmascararlos será un deber. Su secretaría general es una dictadura, su ministra nunca responde los escritos sindicales dirigidos a su Despacho ni les da la cara a los sindicatos de la entidad, su viceministro de relaciones laborales e inspección trabaja más en X, tirando línea, y se irá (ojalá pronto) de ese ministerio dejando un decreto (el 0243 del 29 de febrero de 2024) que acaba con la negociación colectiva del sector público limitándola normativamente aún más, debilitando las comisiones negociadoras de los sindicatos, quitándose obstáculos críticos de encima con ese instrumento regresivo que fue cocinado con las “mayorías” sindicales que son serviles al actual Gobierno.

Da hasta tristeza decirlo: el Ministerio del Trabajo no cumple los acuerdos que firma con sus sindicatos. Desde 2021 les adeuda a los funcionarios de las Inspecciones Municipales una asignación anual adicional del 30% del salario devengado, pagadera en marzo de cada año. Va para tres años y nada. La equivalencia salarial se acordó en 2023 con estudio que debería haber quedado listo en diciembre y continúa en veremos. El kit de escolaridad se acordó para enero de cada anualidad y lleva dos meses de atraso. Persisten muchos puntos incumplidos. ¡Así no se puede! Una entidad que es más prédica que práctica. No cumplieron los de antes y tampoco cumplen los de ahora (los del tan cacareado Cambio).

En esa entidad de la que hablo cumplí ya los requisitos para pensionarme, pero me acogí a la edad de retiro forzoso y he decidido permanecer un tiempo más a ver si se concretan acuerdos salariales y se nos cancelan otros puntos económicos adeudados. Y me quedo especialmente por lo sindical, porque aún tengo algunas luchas quijotescas que emprender para, entonces sí, cumplida la misión, retirarme feliz o infelizmente a mis cuarteles de invierno. O a terminar mis días en una torre de marfil.

FBA